Por Alfredo González Reyes*
Hace unos días tuvo lugar en la Ciudad de México el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, enfocado en la eliminación de este fenómeno en América Latina, con vistas a la Conferencia Mundial sobre el mismo tema en Brasil, en Octubre de 2013. Una diversidad de temas fue tratada en el marco de este encuentro: trata con fines de explotación laboral en contextos de migración; políticas educativas para eliminar el trabajo infantil en pueblos indígenas; estrategias, planes nacionales y modelos de intervención para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Fuera del ámbito distinto y particularmente complejo de las peores formas de trabajo infantil, cuya existencia es sin duda inadmisible, tres dimensiones comunes a los temas antes mencionados destacaron como obstáculos a superar en la inserción del tema entre las prioridades de una agenda regional para el desarrollo en América Latina: la información que existe sobre el fenómeno; el papel que pueden jugar los programas de transferencias condicionadas de efectivo, y la forma de incidir en las políticas públicas de la región.
En términos de información, la comparabilidad entre países se dificulta por la diversidad de fuentes, métodos de recolección y rangos de edad utilizados para distintos casos, además de la complejidad que implica capturar el trabajo no remunerado y familiar, y el de aquellos y aquellas niñas que combinan escuela y trabajo. La Figura 1, proveniente de un panorama regional sobre el tema publicado en 2010 por el Banco Mundial, UNICEF y OIT, ilustra esta dificultad, que a su vez se vuelve un obstáculo en la observación de tendencias en la región y la forma en que ésta se compara con otras regiones del mundo a través del tiempo y de distintas acciones de política pública.
Diversos participantes en este encuentro destacaron la importancia que han tenido los programas de transferencias condicionadas de efectivo (PTCE) en la disminución del trabajo infantil. Sin embargo, como bien apuntaron algunos otros, la evidencia al respecto es mixta, empezando por el hecho de que muy pocos de estos programas se han diseñado con el objetivo expreso de disminuir el trabajo infantil. Entre los que han logrado efectos positivos en la materia se encuentran el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil de Brasil, el Bono de Desarrollo Humano de Ecuador, la Red de Protección Social de Nicaragua y Progresa/Oportunidades de México. Mientras tanto, no existe evidencia de que programas reconocidos por su impacto positivo en términos de salud y educación como Bolsa Escola/Bolsa Familia de Brasil, Chile Solidario de Chile y Familias en Acción de Colombia, entre otros, hayan impactado de la misma forma al trabajo infantil.
La idea de que los PTCE representan una opción valiosa de política pública para combatir el trabajo infantil en la región tiene, en cualquier caso, que tomar en cuenta la evidencia que hoy existe sobre ellos, y al mismo tiempo reflexionar sobre la efectividad de los niveles de las transferencias de efectivo provistos; su posible combinación con programas complementarios o extracurriculares; el impacto de la calidad de la educación recibida; los retornos a la educación en cada país, y por supuesto, las opciones diferenciadas de política pública factibles para distintos grupos de edad entre la población más joven [1].
Finalmente, está el asunto de cómo incidir en la agenda pública regional con este tema. Encuentros como el celebrado hace unos días en la ciudad de México tienen como propósito relevar la importancia del tema, difundir información sobre opciones de política pública y propiciar coaliciones de actores interesados en convertirlo en prioridad máxima. Como en otros casos, el reto para los actores de este encuentro es mayúsculo, pues este tema compite con temas como el crimen, la inseguridad o el empleo en la agenda pública de diversos países de la región, además de ser un tema que, como tantos otros, exige ser comunicado a distintas audiencias de forma que cada una lo entienda desde su propio interés.
Hace poco Duncan Green de Oxfam sugería en una charla referida a la construcción de la agenda global para el desarrollo que habrá de suceder a la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que una forma muy poco efectiva de generar algo factible era formular posiciones del tipo “si yo gobernara al mundo haría esto o lo otro y el mundo sería un lugar mejor…”, y luego tratar de sumarlas todas. Sugería, en lugar de ello, tratar de buscar propuestas que buscaran afectar de la manera más directa posible la política pública gubernamental de cada país, como sería por ejemplo un índice de pobreza multidimensional que diera resumen y seguimiento a la agenda post-2015 por venir.
En este sentido, es probable que muchos funcionarios gubernamentales latinoamericanos miren al trabajo infantil como uno donde suele dominar el discurso normativo y donde las restricciones “reales” de política pública no son tomadas en cuenta por quienes abogan por su abolición absoluta. Quizá una forma de hacer avanzar este tema entre las prioridades de la agenda latinoamericana sea precisamente buscar un instrumento concreto que incentive a los funcionarios gubernamentales a actuar en consecuencia, como propone el PNUD en su propuesta de indicadores sobre competitividad social en México, donde el trabajo infantil representa un papel crucial y cada estado se ve obligado a actuar si quiere destacar de manera positiva frente a los demás.
Es un hecho que la discusión sobre este tema tiene un componente normativo que no es trivial en lo absoluto y por ello no debiera ser descartado; como tampoco debiera ser descartado el componente de las restricciones “reales” de política pública. En efecto, la evidencia parece indicar que el trabajo infantil –al menos aquél no incluido entre las peores formas de trabajo infantil– tiene una relación muy estrecha con la pobreza, y que la política pública está obligada a enfrentarlo tomando en cuenta esta relación en toda su complejidad, generando las condiciones e incentivos necesarios para que los hogares inviertan en las capacidades de jóvenes y niños que permitan a estos gozar de mejor vida que la generación que les precede, contribuyendo así a romper con las trampas de la pobreza y la desigualdad.
[1] Para una revisión del impacto de los PTCE en indicadores de trabajo infantil y bienestar social en el contexto del análisis de un programa para población adolescente en Brasil, véase: S. Martínez-Restrepo (2012) The Economics of Adolescents’ Time Allocation: Evidence from the Young Agent Project in Brazil, tesis doctoral, Universidad de Columbia.
*Alfredo es Especialista de Programa para las áreas de Pobreza, Objetivos de Desarrollo del Milenio y Desarrollo Humano de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, con sede en la ciudad de Nueva York
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