Nos Encontramos En el AAHH Benjamin . Doig. Lossio
Nos Encontramos En el AAHH Benjamin . Doig. Lossio
martes, 2 de julio de 2013
sábado, 22 de junio de 2013
El principal tema político de 2012 será la desigualdad económica. Este pronóstico es aún más relevante cuando se toma en cuenta que este año habrá elecciones y cambios de liderazgo en países que concentran el 50% de la economía mundial. En todos ellos, las protestas contra la desigualdad y las promesas de reducirla agudizarán un ya muy encendido debate global.
La desigualdad no es algo nuevo. Lo nuevo es la recién adquirida intolerancia hacia ella. Esta intolerancia está apareciendo con fuerza en los países más ricos y más golpeados por la crisis y de allí se ha ido esparciendo por el mundo.
Las grandes masas -abrumadas por el desempleo, la austeridad y los sacrificios- han comenzado a interesarse en cómo se distribuyen los ingresos y la riqueza en su país. Durante mucho tiempo, el mundo había vivido en pacífica coexistencia con la desigualdad, aunque estos períodos de pasividad siempre son interrumpidos por revoluciones en nombre de la igualdad.
Mientras en los países con regímenes autoritarios los gobiernos hacen lo posible por ocultar la desigualdad económica, en Africa o en América latina, la desigualdad, en cambio, es muy visible, constantemente denunciada por los políticos y estoicamente soportada por el pueblo.
En otros países es celebrada. En Estados Unidos, por ejemplo, los artistas, deportistas o inventores cuyo éxito se traduce en una inconmensurable riqueza son admirados y vistos como modelos para emular.
Esto está cambiando. En todas partes, la idea de que la lucha contra la desigualdad es fútil o innecesaria se ha hecho indefendible. Se acepta que la desigual distribución de la riqueza, o de los ingresos, seguramente será difícil de alterar, pero ya no es tan fácil como antes ignorar el tema o defender la idea de que no hay que hacer nada al respecto.
También hay desigualdad buena y mala. El truco está en contener la segunda al nivel más bajo posible.
El escrutinio de la vida y de las acciones del "uno por ciento" más rico se ha vuelto obsesivo. Titulares como el de Los Angeles Times -"Los seis herederos de Walmart son más ricos que la suma del 30% de los estadounidenses con menos ingresos"- son un buen ejemplo de esta tendencia.
Romney, en la mira
También lo es que los más feroces exponentes de la derecha radical de Estados Unidos ataquen a Mitt Romney por ser rico y pagar pocos impuestos. O que en Rusia, una de las principales quejas contra Vladimir Putin sea el bochornoso espectáculo que ofrecen los oligarcas que engordan sus inimaginables fortunas en el Kremlin, mientras la mayoría de los rusos sufre penalidades.
No todos, claro está, están en la onda de criticar a los más ricos. Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, declaró exasperado: "No entiendo ni acepto esto de criticar el éxito o actuar como si todos los que tienen éxito fueran malos. Simplemente no lo entiendo".
La recompensa
La perplejidad de Dimon se basa en la suposición de que la riqueza es la manera en que la sociedad estimula y recompensa la innovación, el talento y el esfuerzo. Quienes son ricos se lo merecen.
Pero no siempre. Las grandes riquezas y la desigualdad también pueden provenir de la corrupción, la discriminación, los monopolios, el comportamiento empresarial abusivo o crasos actos delictivos, como los del estafador Bernard Madoff. En la lista de los más ricos del mundo hay muchos multimillonarios que deben su fortuna más al Estado que al mercado.
Por eso, los estudiosos de la desigualdad suelen compararla con el colesterol: hay desigualdad buena y mala, y el truco está en impulsar la buena, mientras la mala se contiene al nivel más bajo posible.
Y ése es precisamente el principal riesgo de estos tiempos: cómo reducir la desigualdad sin desestimular otros objetivos (inversión, innovación, toma de riesgos, esfuerzos, productividad...). Sabemos que lograr una sociedad más igualitaria ha sido el objetivo de innumerables experimentos que han provocado más desigualdad, pobreza, atraso, pérdida de libertades y hasta genocidios.
Por otro lado, la desigualdad también tiene efectos tóxicos. Además de las consideraciones morales obvias, también hay muchas evidencias de que una alta desigualdad económica es mala para la salud de una nación: conlleva una mayor inestabilidad política, más violencia y también perjudica la competitividad y, a largo plazo, el crecimiento.
Este año veremos innumerables propuestas para corregir las inequidades económicas que se han agudizado en las últimas décadas. Algunas serán viejas -y probablemente malas- ideas desempolvadas y presentadas como nuevas. Pero seguramente también aparecerán algunas nuevas y muy buenas.
El reto para los votantes -y para quienes puedan incidir sobre cuáles se adoptan y cuáles se rechazan- será aprender de la historia. Como sabemos, no repetir los errores del pasado suele ser más difícil de lo que parece.
El gran desafío global del año: la desigualdad
El principal tema político de 2012 será la desigualdad económica. Este pronóstico es aún más relevante cuando se toma en cuenta que este año habrá elecciones y cambios de liderazgo en países que concentran el 50% de la economía mundial. En todos ellos, las protestas contra la desigualdad y las promesas de reducirla agudizarán un ya muy encendido debate global.
La desigualdad no es algo nuevo. Lo nuevo es la recién adquirida intolerancia hacia ella. Esta intolerancia está apareciendo con fuerza en los países más ricos y más golpeados por la crisis y de allí se ha ido esparciendo por el mundo.
Las grandes masas -abrumadas por el desempleo, la austeridad y los sacrificios- han comenzado a interesarse en cómo se distribuyen los ingresos y la riqueza en su país. Durante mucho tiempo, el mundo había vivido en pacífica coexistencia con la desigualdad, aunque estos períodos de pasividad siempre son interrumpidos por revoluciones en nombre de la igualdad.
Mientras en los países con regímenes autoritarios los gobiernos hacen lo posible por ocultar la desigualdad económica, en Africa o en América latina, la desigualdad, en cambio, es muy visible, constantemente denunciada por los políticos y estoicamente soportada por el pueblo.
En otros países es celebrada. En Estados Unidos, por ejemplo, los artistas, deportistas o inventores cuyo éxito se traduce en una inconmensurable riqueza son admirados y vistos como modelos para emular.
Esto está cambiando. En todas partes, la idea de que la lucha contra la desigualdad es fútil o innecesaria se ha hecho indefendible. Se acepta que la desigual distribución de la riqueza, o de los ingresos, seguramente será difícil de alterar, pero ya no es tan fácil como antes ignorar el tema o defender la idea de que no hay que hacer nada al respecto.
También hay desigualdad buena y mala. El truco está en contener la segunda al nivel más bajo posible.
El escrutinio de la vida y de las acciones del "uno por ciento" más rico se ha vuelto obsesivo. Titulares como el de Los Angeles Times -"Los seis herederos de Walmart son más ricos que la suma del 30% de los estadounidenses con menos ingresos"- son un buen ejemplo de esta tendencia.
Romney, en la mira
También lo es que los más feroces exponentes de la derecha radical de Estados Unidos ataquen a Mitt Romney por ser rico y pagar pocos impuestos. O que en Rusia, una de las principales quejas contra Vladimir Putin sea el bochornoso espectáculo que ofrecen los oligarcas que engordan sus inimaginables fortunas en el Kremlin, mientras la mayoría de los rusos sufre penalidades.
No todos, claro está, están en la onda de criticar a los más ricos. Jamie Dimon, el presidente de JP Morgan Chase, declaró exasperado: "No entiendo ni acepto esto de criticar el éxito o actuar como si todos los que tienen éxito fueran malos. Simplemente no lo entiendo".
La recompensa
La perplejidad de Dimon se basa en la suposición de que la riqueza es la manera en que la sociedad estimula y recompensa la innovación, el talento y el esfuerzo. Quienes son ricos se lo merecen.
Pero no siempre. Las grandes riquezas y la desigualdad también pueden provenir de la corrupción, la discriminación, los monopolios, el comportamiento empresarial abusivo o crasos actos delictivos, como los del estafador Bernard Madoff. En la lista de los más ricos del mundo hay muchos multimillonarios que deben su fortuna más al Estado que al mercado.
Por eso, los estudiosos de la desigualdad suelen compararla con el colesterol: hay desigualdad buena y mala, y el truco está en impulsar la buena, mientras la mala se contiene al nivel más bajo posible.
Y ése es precisamente el principal riesgo de estos tiempos: cómo reducir la desigualdad sin desestimular otros objetivos (inversión, innovación, toma de riesgos, esfuerzos, productividad...). Sabemos que lograr una sociedad más igualitaria ha sido el objetivo de innumerables experimentos que han provocado más desigualdad, pobreza, atraso, pérdida de libertades y hasta genocidios.
Por otro lado, la desigualdad también tiene efectos tóxicos. Además de las consideraciones morales obvias, también hay muchas evidencias de que una alta desigualdad económica es mala para la salud de una nación: conlleva una mayor inestabilidad política, más violencia y también perjudica la competitividad y, a largo plazo, el crecimiento.
Este año veremos innumerables propuestas para corregir las inequidades económicas que se han agudizado en las últimas décadas. Algunas serán viejas -y probablemente malas- ideas desempolvadas y presentadas como nuevas. Pero seguramente también aparecerán algunas nuevas y muy buenas.
El reto para los votantes -y para quienes puedan incidir sobre cuáles se adoptan y cuáles se rechazan- será aprender de la historia. Como sabemos, no repetir los errores del pasado suele ser más difícil de lo que parece.
Bien sabemos que el concepto de Responsabilidad Social Empresaria se ha venido modificando en los últimos 50 años. Pasó de ser un acto meramente filantrópico a convertirse en el desarrollo de políticas y estrategias corporativas y, en la actualidad, no sólo es una herramienta de acceso competitivo al mercado global sino que es una forma de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el cambio del cuál venimos hablando es otro: el salto de la RSE a la sustentabilidad. La co-evolución de la RSE.
En general la evolución ha sido importante y sostenida. Sin duda que estamos siguiendo un proceso que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, que impone a la RSE cada vez más dentro del negocio y no únicamente por fuera de la empresa como cuando años atrás se asociaba el concepto con acciones filantrópicas.
En síntesis, consistió en lograr integrar las acciones con el negocio de la organización: de la etapa de filantropía (algunas donaciones esporádicas y sin relación con el negocio), se pasó a Inversión Social Privada y finalmente llegamos a la gestión de la RSE en la organización, en donde se analizan todos los impactos que generamos en cada uno de los públicos de interés.
Existen varios indicadores que registran dicha evolución: crecimiento de las gerencias de RSE en nuestro país (tenemos contabilizadas más de 100), y pymes cada vez más involucradas y comprometidas con una gestión responsable (muchas de ellas pertenecen a las cadenas de valor de las grandes empresas). Este dato no es menor, ya que hay que pensar que las pymes generan el 80% del empleo en nuestro país, entonces cada vez que una pyme decide que va a tomar medidas en función de la RSE, el impacto sobre la masa de personas relacionadas al mundo del trabajo es muy grande.
Otro gran indicador resulta del dato que en la actualidad existen más de 50 empresas argentinas que ya han reportado por lo menos una vez bajo la metodología GRI (Global Reporting Initiative) y esto refleja que cada vez son más las empresas u organizaciones que transparentan a la sociedad su desempeño económico, social y ambiental.
Por último y como dato mayor, estamos hablando ya de la nueva Guía ISO 26.000 que nos habla de RS y no de RSE (esto quiere decir que es aplicable a empresas, a organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil). Creemos que allí está alojado el concepto de co-evolución de la RSE: ya no es sólo una responsabilidad empresarial.
ISO 26.000 nos dice que la característica de la Responsabilidad Social es la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus rescisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente. Esto es lo que llamamos la co-responsabilidad de tres actores fundamentales de una sociedad: Estado, empresas y organizaciones sociales.
Es así que estamos convencidos que es muy necesaria una co-evolución de la sociedad y del consumidor, de otra manera es difícil que haya una corresponsabilidad. Por lo tanto, nosotros definimos a la co-evolución como una espiral que es ascendente y abarcativa, en la medida en que la sociedad toma más conciencia y cada vez más personas podemos hablar de una evolución compartida.
En palabras del Director Ejecutivo del IARSE, Luis Ulla: “Es muy difícil concebir una empresa socialmente responsable si no hay un gobierno socialmente responsable, una sociedad civil socialmente responsable, obviamente si no hay consumidores socialmente responsables, es decir, si los consumidores no premiamos y castigamos con nuestra decisión aquello que está bien y que está mal, evidentemente tampoco se produjo una evolución de la RSE”.
El cambio del que hablamos es el de la co-responsabilidad de la sociedad con todos sus actores.
La Responsabilidad Social, el cambio del que hablamos
Bien sabemos que el concepto de Responsabilidad Social Empresaria se ha venido modificando en los últimos 50 años. Pasó de ser un acto meramente filantrópico a convertirse en el desarrollo de políticas y estrategias corporativas y, en la actualidad, no sólo es una herramienta de acceso competitivo al mercado global sino que es una forma de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, el cambio del cuál venimos hablando es otro: el salto de la RSE a la sustentabilidad. La co-evolución de la RSE.
En general la evolución ha sido importante y sostenida. Sin duda que estamos siguiendo un proceso que tiene que ver con lo que ocurre en el mundo, que impone a la RSE cada vez más dentro del negocio y no únicamente por fuera de la empresa como cuando años atrás se asociaba el concepto con acciones filantrópicas.
En síntesis, consistió en lograr integrar las acciones con el negocio de la organización: de la etapa de filantropía (algunas donaciones esporádicas y sin relación con el negocio), se pasó a Inversión Social Privada y finalmente llegamos a la gestión de la RSE en la organización, en donde se analizan todos los impactos que generamos en cada uno de los públicos de interés.
Existen varios indicadores que registran dicha evolución: crecimiento de las gerencias de RSE en nuestro país (tenemos contabilizadas más de 100), y pymes cada vez más involucradas y comprometidas con una gestión responsable (muchas de ellas pertenecen a las cadenas de valor de las grandes empresas). Este dato no es menor, ya que hay que pensar que las pymes generan el 80% del empleo en nuestro país, entonces cada vez que una pyme decide que va a tomar medidas en función de la RSE, el impacto sobre la masa de personas relacionadas al mundo del trabajo es muy grande.
Otro gran indicador resulta del dato que en la actualidad existen más de 50 empresas argentinas que ya han reportado por lo menos una vez bajo la metodología GRI (Global Reporting Initiative) y esto refleja que cada vez son más las empresas u organizaciones que transparentan a la sociedad su desempeño económico, social y ambiental.
Por último y como dato mayor, estamos hablando ya de la nueva Guía ISO 26.000 que nos habla de RS y no de RSE (esto quiere decir que es aplicable a empresas, a organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil). Creemos que allí está alojado el concepto de co-evolución de la RSE: ya no es sólo una responsabilidad empresarial.
ISO 26.000 nos dice que la característica de la Responsabilidad Social es la voluntad de las organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas por los impactos de sus rescisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente. Esto es lo que llamamos la co-responsabilidad de tres actores fundamentales de una sociedad: Estado, empresas y organizaciones sociales.
Es así que estamos convencidos que es muy necesaria una co-evolución de la sociedad y del consumidor, de otra manera es difícil que haya una corresponsabilidad. Por lo tanto, nosotros definimos a la co-evolución como una espiral que es ascendente y abarcativa, en la medida en que la sociedad toma más conciencia y cada vez más personas podemos hablar de una evolución compartida.
En palabras del Director Ejecutivo del IARSE, Luis Ulla: “Es muy difícil concebir una empresa socialmente responsable si no hay un gobierno socialmente responsable, una sociedad civil socialmente responsable, obviamente si no hay consumidores socialmente responsables, es decir, si los consumidores no premiamos y castigamos con nuestra decisión aquello que está bien y que está mal, evidentemente tampoco se produjo una evolución de la RSE”.
El cambio del que hablamos es el de la co-responsabilidad de la sociedad con todos sus actores.
"Ya no hace falta discutir si está bien, sino que es necesario encontrar el mejor modo de arreglar los problemas", manifestó el funcionario.
“No se trata sólo de ideología”, dijo Fresneda al mencionar la agenda de los derechos humanos y dar su respaldo al trabajo del Registro. “Preocuparse por mejorar la condición de los niños, niñas y adolescentes es una tarea permanente que tiene por parte de la sociedad un gran componente de amor y de afecto.” Mencionó también el trabajo en condiciones precarias o ilegales y lo relacionó con el accidente en el que murieron trabajadores de la yerba mate en Misiones.
Cristina Fernández, coordinadora del Registro, dijo que el avance de su área era posible por el marco “de este proyecto político iniciado en 2003” y contrapuso el crecimiento legislativo y práctico de la última década con “la realidad de los años ’90 y el deseo de algunos dirigentes de volver a esa época de destrucción social”.
Fernández rindió homenaje a Facundo, un chico de 17 años fallecido el 13 de junio último cuando estaba en medio de un tratamiento de recuperación luego de que fuera ayudado por el Programa de Articulación Institucional del Registro, encargado de los chicos en situación de calle. El 18 de mayo el adolescente escribió en un texto leído ayer: “No tengo mamá y papá. Fallecieron y no puedo estar en mi casa. Yo quiero estar con mis hermanos pero no me dejan. Necesito ayuda. Por favor, escúchenme. A los 9 años me sacaron de mi casa a andar en la calle y tuve un hogar. Me trataban mal y estuve en un hogar. Me trataban mal, me pegaban y me escapé. Ayer me vinieron a visitar mis amigos Chuqui y Gastón. Ellos son mis amigos de toda la vida. Vinieron a verme desde La Plata y van a volver a visitarme en la semana. Gracias por escucharme”. Chuqui es José Luis Chuquiruna Santillán y Gastón es Gastón Marchese. Los dos trabajan en el PAI y hacían el seguimiento de Facundo.
“La madre de Facundo murió de sobredosis y la familia de Facundo es un producto de aquellos años ’90 de los que estamos saliendo con todo el esfuerzo del Estado y con toda la voluntad de este proyecto político”, detalló la coordinadora del Registro en el comienzo del encuentro, que propone acercarse a la construcción de un “protocolo nacional de actuación sobre niñez y adolescencia con experiencia de vida en calle”.
Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, dijo que “los derechos humanos no tienen jurisdicción” y que por eso el ministerio tenía presupuesto también para la emergencia en la ciudad de Buenos Aires.
Entre lo que no sirve para enfocar el tema de la niñez en calle, Graham citó “la institucionalización masiva y general”, “andar levantando chicos de la calle sin un plan integral” y toda otra medida que “alimente la violencia y, peor, el resentimiento”. “Los chicos suelen decir que la calle es parte de su identidad y por eso hay que deconstruir la calle en esos chicos, en lugar de reprimirlos o expulsarlos.”
En el menú de lo útil Graham recomendó tener en cuenta el doble papel de la ranchada donde paran los chicos (“la ranchada los pone en riesgo y también les salva la vida”) y considerar que “atrás de un chico hay una familia que no puede, o hay situaciones de violencia”. Según la directora del área en Desarrollo Social de la Nación, “lo primero es trabajar en la calle con ofertas diferenciadas, en medio de la preocupación porque los más chiquitos siempre estén bajo abrigo y con el criterio de que cada chico deje de sufrir y sea una persona más feliz”.
En algunos casos, debería hallarse espacio para toda la familia. Siempre, según Graham, el Estado debe llegar a los chicos en calle con recursos e ideas de salud, educación, niños extraviados o espacios públicos. Y una regla sería la siguiente: “Ir a buscar a los chicos sin esperar que vengan o que el Estado termine actuando solo porque hay vecinos que no están preocupados por la situación, sino molestos por su presencia en la calle”.
Trabajar con los chicos en situación de calle: además de ideología, amor
"Ya no hace falta discutir si está bien, sino que es necesario encontrar el mejor modo de arreglar los problemas", manifestó el funcionario.
“No se trata sólo de ideología”, dijo Fresneda al mencionar la agenda de los derechos humanos y dar su respaldo al trabajo del Registro. “Preocuparse por mejorar la condición de los niños, niñas y adolescentes es una tarea permanente que tiene por parte de la sociedad un gran componente de amor y de afecto.” Mencionó también el trabajo en condiciones precarias o ilegales y lo relacionó con el accidente en el que murieron trabajadores de la yerba mate en Misiones.
Cristina Fernández, coordinadora del Registro, dijo que el avance de su área era posible por el marco “de este proyecto político iniciado en 2003” y contrapuso el crecimiento legislativo y práctico de la última década con “la realidad de los años ’90 y el deseo de algunos dirigentes de volver a esa época de destrucción social”.
Fernández rindió homenaje a Facundo, un chico de 17 años fallecido el 13 de junio último cuando estaba en medio de un tratamiento de recuperación luego de que fuera ayudado por el Programa de Articulación Institucional del Registro, encargado de los chicos en situación de calle. El 18 de mayo el adolescente escribió en un texto leído ayer: “No tengo mamá y papá. Fallecieron y no puedo estar en mi casa. Yo quiero estar con mis hermanos pero no me dejan. Necesito ayuda. Por favor, escúchenme. A los 9 años me sacaron de mi casa a andar en la calle y tuve un hogar. Me trataban mal y estuve en un hogar. Me trataban mal, me pegaban y me escapé. Ayer me vinieron a visitar mis amigos Chuqui y Gastón. Ellos son mis amigos de toda la vida. Vinieron a verme desde La Plata y van a volver a visitarme en la semana. Gracias por escucharme”. Chuqui es José Luis Chuquiruna Santillán y Gastón es Gastón Marchese. Los dos trabajan en el PAI y hacían el seguimiento de Facundo.
“La madre de Facundo murió de sobredosis y la familia de Facundo es un producto de aquellos años ’90 de los que estamos saliendo con todo el esfuerzo del Estado y con toda la voluntad de este proyecto político”, detalló la coordinadora del Registro en el comienzo del encuentro, que propone acercarse a la construcción de un “protocolo nacional de actuación sobre niñez y adolescencia con experiencia de vida en calle”.
Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, dijo que “los derechos humanos no tienen jurisdicción” y que por eso el ministerio tenía presupuesto también para la emergencia en la ciudad de Buenos Aires.
Entre lo que no sirve para enfocar el tema de la niñez en calle, Graham citó “la institucionalización masiva y general”, “andar levantando chicos de la calle sin un plan integral” y toda otra medida que “alimente la violencia y, peor, el resentimiento”. “Los chicos suelen decir que la calle es parte de su identidad y por eso hay que deconstruir la calle en esos chicos, en lugar de reprimirlos o expulsarlos.”
En el menú de lo útil Graham recomendó tener en cuenta el doble papel de la ranchada donde paran los chicos (“la ranchada los pone en riesgo y también les salva la vida”) y considerar que “atrás de un chico hay una familia que no puede, o hay situaciones de violencia”. Según la directora del área en Desarrollo Social de la Nación, “lo primero es trabajar en la calle con ofertas diferenciadas, en medio de la preocupación porque los más chiquitos siempre estén bajo abrigo y con el criterio de que cada chico deje de sufrir y sea una persona más feliz”.
En algunos casos, debería hallarse espacio para toda la familia. Siempre, según Graham, el Estado debe llegar a los chicos en calle con recursos e ideas de salud, educación, niños extraviados o espacios públicos. Y una regla sería la siguiente: “Ir a buscar a los chicos sin esperar que vengan o que el Estado termine actuando solo porque hay vecinos que no están preocupados por la situación, sino molestos por su presencia en la calle”.
viernes, 21 de junio de 2013
Cuando escribo una nota en Página/12 es habitual que algún periodista me llame por teléfono para comentarla o que un conductor de televisión me convoque para hablar del tema, porque el periodismo diagnostica qué le interesa al público. Pero en el verano de 2012 publiqué y el silencio fue absoluto.
Ni llamados, ni comentarios. Me pareció significativo porque los detalles de los ataques a niños y a niñas son abrumadores: tal vez no sean las mejores lecturas durante las vacaciones.
En esos meses, más allá de los temas que inevitablemente sacuden al ciudadano, tal vez sea preferible no enterarse de que en la ciudad de Buenos Aires han aumentado las denuncias por abuso sexual y violaciones contra niños y niñas.
Alcanza con mirar las cifras y compararlas. La historia que produce estos datos comienza así: adultos que llegan a las comisarías acompañados por sus hijos o hijas para denunciar abusos y violaciones, o personas que nos llaman por teléfono al 137 porque sospechan que algo de ese orden sucede en una determinada casa del barrio.
En otras oportunidades, cuando un equipo móvil del Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresa en el domicilio de una víctima de violencia familiar, ella misma, durante el extenso diálogo nos cuenta qué es lo que sucede con sus hijos. Pero no quiere denunciar al compañero.
En esas circunstancias nosotras solicitamos la intervención judicial como protección integral de la criatura en cumplimiento de la ley.
Habitualmente estamos invitadas por las instituciones de las provincias para dictar cursos de sensibilización y entrenamiento; conversamos con los colegas y leemos los periódicos de la región; los titulares referidos al abuso y a las violaciones de niños y niñas siempre se subrayan, si se ha desatado un escándalo. De lo contrario, se silencia la proporción de víctimas que paulatinamente descubrimos.
Los informes que llegan desde otros países coinciden con significativa exactitud: la victimización sexual de niños y niñas es un dato de aparición permanente.
Del asombro y la indignación que conduce a preguntar: “¿No se puede hacer algo?”, nos deslizamos hacia una naturalización conformista de los hechos. La diferencia reside en quienes piensan que denunciar es lo correcto y lo beneficioso para las víctimas.
La denuncia es terapéutica si se acompaña con soportes psicológicos a cargo de personal entrenado. Si encontramos a dichos profesionales y el diagnóstico confirma los dichos de la víctima surge la intervención judicial. Inútil repetir lo sabido: la tendencia es no creerles a los niños y niñas.
Si la Presidenta avanzó con la necesidad de democratizar la Justicia, este ejercicio, en lo mínimo que yo estoy profesionalmente autorizada a opinar, podría incluir a aquellos magistrados que defienden prejuicios, ignorancias y perversidades. Niños y niñas serán beneficiarios por el cambio de mentalidad de los jueces que no les creen o que calculan que lo sucedido no es grave, porque “los chicos se olvidan y no vamos a estropearle la vida al padre con una sentencia desfavorable...”
Crecen las denuncias por abuso sexual en la niñez
Cuando escribo una nota en Página/12 es habitual que algún periodista me llame por teléfono para comentarla o que un conductor de televisión me convoque para hablar del tema, porque el periodismo diagnostica qué le interesa al público. Pero en el verano de 2012 publiqué y el silencio fue absoluto.
Ni llamados, ni comentarios. Me pareció significativo porque los detalles de los ataques a niños y a niñas son abrumadores: tal vez no sean las mejores lecturas durante las vacaciones.
En esos meses, más allá de los temas que inevitablemente sacuden al ciudadano, tal vez sea preferible no enterarse de que en la ciudad de Buenos Aires han aumentado las denuncias por abuso sexual y violaciones contra niños y niñas.
Alcanza con mirar las cifras y compararlas. La historia que produce estos datos comienza así: adultos que llegan a las comisarías acompañados por sus hijos o hijas para denunciar abusos y violaciones, o personas que nos llaman por teléfono al 137 porque sospechan que algo de ese orden sucede en una determinada casa del barrio.
En otras oportunidades, cuando un equipo móvil del Programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresa en el domicilio de una víctima de violencia familiar, ella misma, durante el extenso diálogo nos cuenta qué es lo que sucede con sus hijos. Pero no quiere denunciar al compañero.
En esas circunstancias nosotras solicitamos la intervención judicial como protección integral de la criatura en cumplimiento de la ley.
Habitualmente estamos invitadas por las instituciones de las provincias para dictar cursos de sensibilización y entrenamiento; conversamos con los colegas y leemos los periódicos de la región; los titulares referidos al abuso y a las violaciones de niños y niñas siempre se subrayan, si se ha desatado un escándalo. De lo contrario, se silencia la proporción de víctimas que paulatinamente descubrimos.
Los informes que llegan desde otros países coinciden con significativa exactitud: la victimización sexual de niños y niñas es un dato de aparición permanente.
Del asombro y la indignación que conduce a preguntar: “¿No se puede hacer algo?”, nos deslizamos hacia una naturalización conformista de los hechos. La diferencia reside en quienes piensan que denunciar es lo correcto y lo beneficioso para las víctimas.
La denuncia es terapéutica si se acompaña con soportes psicológicos a cargo de personal entrenado. Si encontramos a dichos profesionales y el diagnóstico confirma los dichos de la víctima surge la intervención judicial. Inútil repetir lo sabido: la tendencia es no creerles a los niños y niñas.
Si la Presidenta avanzó con la necesidad de democratizar la Justicia, este ejercicio, en lo mínimo que yo estoy profesionalmente autorizada a opinar, podría incluir a aquellos magistrados que defienden prejuicios, ignorancias y perversidades. Niños y niñas serán beneficiarios por el cambio de mentalidad de los jueces que no les creen o que calculan que lo sucedido no es grave, porque “los chicos se olvidan y no vamos a estropearle la vida al padre con una sentencia desfavorable...”
Por Alfredo González Reyes*
Hace unos días tuvo lugar en la Ciudad de México el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, enfocado en la eliminación de este fenómeno en América Latina, con vistas a la Conferencia Mundial sobre el mismo tema en Brasil, en Octubre de 2013. Una diversidad de temas fue tratada en el marco de este encuentro: trata con fines de explotación laboral en contextos de migración; políticas educativas para eliminar el trabajo infantil en pueblos indígenas; estrategias, planes nacionales y modelos de intervención para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Fuera del ámbito distinto y particularmente complejo de las peores formas de trabajo infantil, cuya existencia es sin duda inadmisible, tres dimensiones comunes a los temas antes mencionados destacaron como obstáculos a superar en la inserción del tema entre las prioridades de una agenda regional para el desarrollo en América Latina: la información que existe sobre el fenómeno; el papel que pueden jugar los programas de transferencias condicionadas de efectivo, y la forma de incidir en las políticas públicas de la región.
En términos de información, la comparabilidad entre países se dificulta por la diversidad de fuentes, métodos de recolección y rangos de edad utilizados para distintos casos, además de la complejidad que implica capturar el trabajo no remunerado y familiar, y el de aquellos y aquellas niñas que combinan escuela y trabajo. La Figura 1, proveniente de un panorama regional sobre el tema publicado en 2010 por el Banco Mundial, UNICEF y OIT, ilustra esta dificultad, que a su vez se vuelve un obstáculo en la observación de tendencias en la región y la forma en que ésta se compara con otras regiones del mundo a través del tiempo y de distintas acciones de política pública.
Diversos participantes en este encuentro destacaron la importancia que han tenido los programas de transferencias condicionadas de efectivo (PTCE) en la disminución del trabajo infantil. Sin embargo, como bien apuntaron algunos otros, la evidencia al respecto es mixta, empezando por el hecho de que muy pocos de estos programas se han diseñado con el objetivo expreso de disminuir el trabajo infantil. Entre los que han logrado efectos positivos en la materia se encuentran el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil de Brasil, el Bono de Desarrollo Humano de Ecuador, la Red de Protección Social de Nicaragua y Progresa/Oportunidades de México. Mientras tanto, no existe evidencia de que programas reconocidos por su impacto positivo en términos de salud y educación como Bolsa Escola/Bolsa Familia de Brasil, Chile Solidario de Chile y Familias en Acción de Colombia, entre otros, hayan impactado de la misma forma al trabajo infantil.
La idea de que los PTCE representan una opción valiosa de política pública para combatir el trabajo infantil en la región tiene, en cualquier caso, que tomar en cuenta la evidencia que hoy existe sobre ellos, y al mismo tiempo reflexionar sobre la efectividad de los niveles de las transferencias de efectivo provistos; su posible combinación con programas complementarios o extracurriculares; el impacto de la calidad de la educación recibida; los retornos a la educación en cada país, y por supuesto, las opciones diferenciadas de política pública factibles para distintos grupos de edad entre la población más joven [1].
Finalmente, está el asunto de cómo incidir en la agenda pública regional con este tema. Encuentros como el celebrado hace unos días en la ciudad de México tienen como propósito relevar la importancia del tema, difundir información sobre opciones de política pública y propiciar coaliciones de actores interesados en convertirlo en prioridad máxima. Como en otros casos, el reto para los actores de este encuentro es mayúsculo, pues este tema compite con temas como el crimen, la inseguridad o el empleo en la agenda pública de diversos países de la región, además de ser un tema que, como tantos otros, exige ser comunicado a distintas audiencias de forma que cada una lo entienda desde su propio interés.
Hace poco Duncan Green de Oxfam sugería en una charla referida a la construcción de la agenda global para el desarrollo que habrá de suceder a la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que una forma muy poco efectiva de generar algo factible era formular posiciones del tipo “si yo gobernara al mundo haría esto o lo otro y el mundo sería un lugar mejor…”, y luego tratar de sumarlas todas. Sugería, en lugar de ello, tratar de buscar propuestas que buscaran afectar de la manera más directa posible la política pública gubernamental de cada país, como sería por ejemplo un índice de pobreza multidimensional que diera resumen y seguimiento a la agenda post-2015 por venir.
En este sentido, es probable que muchos funcionarios gubernamentales latinoamericanos miren al trabajo infantil como uno donde suele dominar el discurso normativo y donde las restricciones “reales” de política pública no son tomadas en cuenta por quienes abogan por su abolición absoluta. Quizá una forma de hacer avanzar este tema entre las prioridades de la agenda latinoamericana sea precisamente buscar un instrumento concreto que incentive a los funcionarios gubernamentales a actuar en consecuencia, como propone el PNUD en su propuesta de indicadores sobre competitividad social en México, donde el trabajo infantil representa un papel crucial y cada estado se ve obligado a actuar si quiere destacar de manera positiva frente a los demás.
Es un hecho que la discusión sobre este tema tiene un componente normativo que no es trivial en lo absoluto y por ello no debiera ser descartado; como tampoco debiera ser descartado el componente de las restricciones “reales” de política pública. En efecto, la evidencia parece indicar que el trabajo infantil –al menos aquél no incluido entre las peores formas de trabajo infantil– tiene una relación muy estrecha con la pobreza, y que la política pública está obligada a enfrentarlo tomando en cuenta esta relación en toda su complejidad, generando las condiciones e incentivos necesarios para que los hogares inviertan en las capacidades de jóvenes y niños que permitan a estos gozar de mejor vida que la generación que les precede, contribuyendo así a romper con las trampas de la pobreza y la desigualdad.
[1] Para una revisión del impacto de los PTCE en indicadores de trabajo infantil y bienestar social en el contexto del análisis de un programa para población adolescente en Brasil, véase: S. Martínez-Restrepo (2012) The Economics of Adolescents’ Time Allocation: Evidence from the Young Agent Project in Brazil, tesis doctoral, Universidad de Columbia.
*Alfredo es Especialista de Programa para las áreas de Pobreza, Objetivos de Desarrollo del Milenio y Desarrollo Humano de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, con sede en la ciudad de Nueva York
Trabajo infantil: retos para una agenda regional
Por Alfredo González Reyes*
Hace unos días tuvo lugar en la Ciudad de México el IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, enfocado en la eliminación de este fenómeno en América Latina, con vistas a la Conferencia Mundial sobre el mismo tema en Brasil, en Octubre de 2013. Una diversidad de temas fue tratada en el marco de este encuentro: trata con fines de explotación laboral en contextos de migración; políticas educativas para eliminar el trabajo infantil en pueblos indígenas; estrategias, planes nacionales y modelos de intervención para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
Fuera del ámbito distinto y particularmente complejo de las peores formas de trabajo infantil, cuya existencia es sin duda inadmisible, tres dimensiones comunes a los temas antes mencionados destacaron como obstáculos a superar en la inserción del tema entre las prioridades de una agenda regional para el desarrollo en América Latina: la información que existe sobre el fenómeno; el papel que pueden jugar los programas de transferencias condicionadas de efectivo, y la forma de incidir en las políticas públicas de la región.
En términos de información, la comparabilidad entre países se dificulta por la diversidad de fuentes, métodos de recolección y rangos de edad utilizados para distintos casos, además de la complejidad que implica capturar el trabajo no remunerado y familiar, y el de aquellos y aquellas niñas que combinan escuela y trabajo. La Figura 1, proveniente de un panorama regional sobre el tema publicado en 2010 por el Banco Mundial, UNICEF y OIT, ilustra esta dificultad, que a su vez se vuelve un obstáculo en la observación de tendencias en la región y la forma en que ésta se compara con otras regiones del mundo a través del tiempo y de distintas acciones de política pública.
Diversos participantes en este encuentro destacaron la importancia que han tenido los programas de transferencias condicionadas de efectivo (PTCE) en la disminución del trabajo infantil. Sin embargo, como bien apuntaron algunos otros, la evidencia al respecto es mixta, empezando por el hecho de que muy pocos de estos programas se han diseñado con el objetivo expreso de disminuir el trabajo infantil. Entre los que han logrado efectos positivos en la materia se encuentran el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil de Brasil, el Bono de Desarrollo Humano de Ecuador, la Red de Protección Social de Nicaragua y Progresa/Oportunidades de México. Mientras tanto, no existe evidencia de que programas reconocidos por su impacto positivo en términos de salud y educación como Bolsa Escola/Bolsa Familia de Brasil, Chile Solidario de Chile y Familias en Acción de Colombia, entre otros, hayan impactado de la misma forma al trabajo infantil.
La idea de que los PTCE representan una opción valiosa de política pública para combatir el trabajo infantil en la región tiene, en cualquier caso, que tomar en cuenta la evidencia que hoy existe sobre ellos, y al mismo tiempo reflexionar sobre la efectividad de los niveles de las transferencias de efectivo provistos; su posible combinación con programas complementarios o extracurriculares; el impacto de la calidad de la educación recibida; los retornos a la educación en cada país, y por supuesto, las opciones diferenciadas de política pública factibles para distintos grupos de edad entre la población más joven [1].
Finalmente, está el asunto de cómo incidir en la agenda pública regional con este tema. Encuentros como el celebrado hace unos días en la ciudad de México tienen como propósito relevar la importancia del tema, difundir información sobre opciones de política pública y propiciar coaliciones de actores interesados en convertirlo en prioridad máxima. Como en otros casos, el reto para los actores de este encuentro es mayúsculo, pues este tema compite con temas como el crimen, la inseguridad o el empleo en la agenda pública de diversos países de la región, además de ser un tema que, como tantos otros, exige ser comunicado a distintas audiencias de forma que cada una lo entienda desde su propio interés.
Hace poco Duncan Green de Oxfam sugería en una charla referida a la construcción de la agenda global para el desarrollo que habrá de suceder a la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que una forma muy poco efectiva de generar algo factible era formular posiciones del tipo “si yo gobernara al mundo haría esto o lo otro y el mundo sería un lugar mejor…”, y luego tratar de sumarlas todas. Sugería, en lugar de ello, tratar de buscar propuestas que buscaran afectar de la manera más directa posible la política pública gubernamental de cada país, como sería por ejemplo un índice de pobreza multidimensional que diera resumen y seguimiento a la agenda post-2015 por venir.
En este sentido, es probable que muchos funcionarios gubernamentales latinoamericanos miren al trabajo infantil como uno donde suele dominar el discurso normativo y donde las restricciones “reales” de política pública no son tomadas en cuenta por quienes abogan por su abolición absoluta. Quizá una forma de hacer avanzar este tema entre las prioridades de la agenda latinoamericana sea precisamente buscar un instrumento concreto que incentive a los funcionarios gubernamentales a actuar en consecuencia, como propone el PNUD en su propuesta de indicadores sobre competitividad social en México, donde el trabajo infantil representa un papel crucial y cada estado se ve obligado a actuar si quiere destacar de manera positiva frente a los demás.
Es un hecho que la discusión sobre este tema tiene un componente normativo que no es trivial en lo absoluto y por ello no debiera ser descartado; como tampoco debiera ser descartado el componente de las restricciones “reales” de política pública. En efecto, la evidencia parece indicar que el trabajo infantil –al menos aquél no incluido entre las peores formas de trabajo infantil– tiene una relación muy estrecha con la pobreza, y que la política pública está obligada a enfrentarlo tomando en cuenta esta relación en toda su complejidad, generando las condiciones e incentivos necesarios para que los hogares inviertan en las capacidades de jóvenes y niños que permitan a estos gozar de mejor vida que la generación que les precede, contribuyendo así a romper con las trampas de la pobreza y la desigualdad.
[1] Para una revisión del impacto de los PTCE en indicadores de trabajo infantil y bienestar social en el contexto del análisis de un programa para población adolescente en Brasil, véase: S. Martínez-Restrepo (2012) The Economics of Adolescents’ Time Allocation: Evidence from the Young Agent Project in Brazil, tesis doctoral, Universidad de Columbia.
*Alfredo es Especialista de Programa para las áreas de Pobreza, Objetivos de Desarrollo del Milenio y Desarrollo Humano de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, con sede en la ciudad de Nueva York
La UCA proyectó, según datos del censo de 2010, que 4,8 millones de chicos viven en hogares sin ingresos suficientes para comprar bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y que de ellos, 800.000 (el 9,5%) están en la indigencia.
El relevamiento se realizó en 5.700 hogares de los centros urbanos con al menos 50.000 habitantes. En esos datos detectaron un avance de la pobreza respecto de 2011, cuando había sido superior al 37 por ciento.
“Luego de la crisis de 2009, las tasas de indigencia y de pobreza en hogares con niños de 0-17 años cayeron en 2010 a 8,2% y 33,4%, respectivamente. Al año siguiente, en 2011, estas tasas continuaron bajando hasta llegar a 6,4% (indigencia) y 27,4% (pobreza)”, sostiene el trabajo.
Durante 2012, agrega, dado el “contexto inflacionario y nuevamente recesivo” de finales de ese año, si bien la indigencia descendió levemente a 6,1%, la pobreza se incrementó a 30,2%, añade el informe.
“De manera análoga, el porcentaje de menores de 18 años en situación de indigencia cayó entre 2010 y 2011 (de 13,8% a 9,7%), y volvió a descender en 2012 (a 9,5%). En cambio, en el caso del porcentaje de niños/as y adolescentes en situación de pobreza, si bien se reduce entre 2010 y 2011 de 44% a 37,2%, aumenta a 38,8% en 2012”, destacan desde la EDSA.
El trabajo advierte que si el Estado no pagara la Asignación Universal por Hijo ni la pensión prevista para madres de siete o más hijos, la pobreza y la indigencia entre los menores sumarían más porcentaje: llegarían al 15,9%.
El relevamiento dice que el abono de planes sociales es el 26,9% de los ingresos en hogares indigentes y el 16,2% en el caso de familias pobres.
Al mismo tiempo, el trabajo agrega que “el porcentaje de hogares con menores y de población de niños/as y adolescentes beneficiarios de AUH-M7H experimentó un progreso constante a lo largo del período. Entre 2010 y 2011, la tasa de hogares receptores de estos programas pasa de 27,4% a 27,7%, y vuelve a subir en 2012 a 29,2%”.
“En cuanto a los menores de 18 años cubiertos, también se registra un aumento entre 2010 y 2011 de 29,1% a 30,7%, bajando luego levemente, aunque de manera no significativa, a 29,9% en 2012”, concluye.
En cualquier caso, pese a la retracción socio-ocupacional experimentada durante 2012, la situación en materia de ingreso per cápita familiar, indigencia y pobreza sigue siendo mejor que la registrada a fines de 2010.
En este marco, en las últimas horas se conocieron cifras oficiales sobre la tasa de desempleo en la Argentina. Según el INDEC, la tasa subió a 7,9% en el 1° trimestre de 2013, mientras que la de subocupación alcanzó a 8%, lo que significa que más de 2.800.000 personas tienen problemas de inserción laboral.
Fuente: Territoriodigital.com
Alarmante: Cuatro de cada 10 menores de 18 son pobres
La UCA proyectó, según datos del censo de 2010, que 4,8 millones de chicos viven en hogares sin ingresos suficientes para comprar bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y que de ellos, 800.000 (el 9,5%) están en la indigencia.
El relevamiento se realizó en 5.700 hogares de los centros urbanos con al menos 50.000 habitantes. En esos datos detectaron un avance de la pobreza respecto de 2011, cuando había sido superior al 37 por ciento.
“Luego de la crisis de 2009, las tasas de indigencia y de pobreza en hogares con niños de 0-17 años cayeron en 2010 a 8,2% y 33,4%, respectivamente. Al año siguiente, en 2011, estas tasas continuaron bajando hasta llegar a 6,4% (indigencia) y 27,4% (pobreza)”, sostiene el trabajo.
Durante 2012, agrega, dado el “contexto inflacionario y nuevamente recesivo” de finales de ese año, si bien la indigencia descendió levemente a 6,1%, la pobreza se incrementó a 30,2%, añade el informe.
“De manera análoga, el porcentaje de menores de 18 años en situación de indigencia cayó entre 2010 y 2011 (de 13,8% a 9,7%), y volvió a descender en 2012 (a 9,5%). En cambio, en el caso del porcentaje de niños/as y adolescentes en situación de pobreza, si bien se reduce entre 2010 y 2011 de 44% a 37,2%, aumenta a 38,8% en 2012”, destacan desde la EDSA.
El trabajo advierte que si el Estado no pagara la Asignación Universal por Hijo ni la pensión prevista para madres de siete o más hijos, la pobreza y la indigencia entre los menores sumarían más porcentaje: llegarían al 15,9%.
El relevamiento dice que el abono de planes sociales es el 26,9% de los ingresos en hogares indigentes y el 16,2% en el caso de familias pobres.
Al mismo tiempo, el trabajo agrega que “el porcentaje de hogares con menores y de población de niños/as y adolescentes beneficiarios de AUH-M7H experimentó un progreso constante a lo largo del período. Entre 2010 y 2011, la tasa de hogares receptores de estos programas pasa de 27,4% a 27,7%, y vuelve a subir en 2012 a 29,2%”.
“En cuanto a los menores de 18 años cubiertos, también se registra un aumento entre 2010 y 2011 de 29,1% a 30,7%, bajando luego levemente, aunque de manera no significativa, a 29,9% en 2012”, concluye.
En cualquier caso, pese a la retracción socio-ocupacional experimentada durante 2012, la situación en materia de ingreso per cápita familiar, indigencia y pobreza sigue siendo mejor que la registrada a fines de 2010.
En este marco, en las últimas horas se conocieron cifras oficiales sobre la tasa de desempleo en la Argentina. Según el INDEC, la tasa subió a 7,9% en el 1° trimestre de 2013, mientras que la de subocupación alcanzó a 8%, lo que significa que más de 2.800.000 personas tienen problemas de inserción laboral.
Fuente: Territoriodigital.com
Podrían solicitar alojamiento o asistencia, de aprobarse el proyecto, las mujeres que sean víctima de violencia y no puedan permanecer en su domicilio debido inminente peligro para la integridad física de esa mujer.
El proyecto, que consta de 8 artículos, considera que la permanencia en las Casas Refugios o Albergues será temporaria, hasta que se resuelva la exclusión del hogar del agresor o la situación por la que su integridad.
Para poder ingresar a esos lugares de contención, las mujeres deberán contar con la orden de Juez Competente, y una vez ingresadas allí, serán beneficiarias de atención multidisciplinaria.
Los fundamentos del proyecto indican que la violencia contra las mujeres es una problemática totalmente compleja y se apoya en la argumentación secuencial, partiendo de que el 11 de marzo de 2009, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales fue un punto de partida importante y en ella se establece, entre otras, como una de las Medidas preventivas urgentes en el art. 26, “Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común".
Las viviendas que funcionarán como refugios, se harán con fondos del Fonavi, y serán adjudicadas al Poder Judicial de cada Provincia y de la Nación.
Proponen crear casas-refugio para víctimas de violencia
Podrían solicitar alojamiento o asistencia, de aprobarse el proyecto, las mujeres que sean víctima de violencia y no puedan permanecer en su domicilio debido inminente peligro para la integridad física de esa mujer.
El proyecto, que consta de 8 artículos, considera que la permanencia en las Casas Refugios o Albergues será temporaria, hasta que se resuelva la exclusión del hogar del agresor o la situación por la que su integridad.
Para poder ingresar a esos lugares de contención, las mujeres deberán contar con la orden de Juez Competente, y una vez ingresadas allí, serán beneficiarias de atención multidisciplinaria.
Los fundamentos del proyecto indican que la violencia contra las mujeres es una problemática totalmente compleja y se apoya en la argumentación secuencial, partiendo de que el 11 de marzo de 2009, la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales fue un punto de partida importante y en ella se establece, entre otras, como una de las Medidas preventivas urgentes en el art. 26, “Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común".
Las viviendas que funcionarán como refugios, se harán con fondos del Fonavi, y serán adjudicadas al Poder Judicial de cada Provincia y de la Nación.
El Regional Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado la semana pasada, ratifica algo que vienen debatiendo economistas heterodoxos hace décadas: el grueso del crecimiento económico de América Latina no se debe al boom de commodities, ni al desarrollo del sistema financiero, ni a la calidad de las instituciones. Se debe, más bien, al crecimiento del factor trabajo en los últimos veinte años.
De manera más precisa, se explica por la expansión de la población económicamente activa que asume la forma de un dividendo demográfico de nuevos entrantes laborales y de un dividendo de género por una mayor participación laboral femenina. El factor trabajo explica más del 60% del crecimiento económico entre 2003 y 2012.
Esto que pareciera un artificio estadístico, constituye un dato importante del patrón latinoamericano de crecimiento de los últimos tiempos. ¿Qué significa? Que, en la mirada agregada de las cuentas nacionales, el peso de traslaciones laborales que generan más demanda efectiva, es mayor que el peso de las exportaciones netas, que la formación bruta de capital, y por supuesto, mayor que el cambio tecnológico en nuestras economías.
Esto que pareciera un artificio estadístico, constituye un dato importante del patrón latinoamericano de crecimiento de los últimos tiempos. ¿Qué significa? Que, en la mirada agregada de las cuentas nacionales, el peso de traslaciones laborales que generan más demanda efectiva, es mayor que el peso de las exportaciones netas, que la formación bruta de capital, y por supuesto, mayor que el cambio tecnológico en nuestras economías.
Crecimiento y trabajo
El Regional Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado la semana pasada, ratifica algo que vienen debatiendo economistas heterodoxos hace décadas: el grueso del crecimiento económico de América Latina no se debe al boom de commodities, ni al desarrollo del sistema financiero, ni a la calidad de las instituciones. Se debe, más bien, al crecimiento del factor trabajo en los últimos veinte años.
De manera más precisa, se explica por la expansión de la población económicamente activa que asume la forma de un dividendo demográfico de nuevos entrantes laborales y de un dividendo de género por una mayor participación laboral femenina. El factor trabajo explica más del 60% del crecimiento económico entre 2003 y 2012.
Esto que pareciera un artificio estadístico, constituye un dato importante del patrón latinoamericano de crecimiento de los últimos tiempos. ¿Qué significa? Que, en la mirada agregada de las cuentas nacionales, el peso de traslaciones laborales que generan más demanda efectiva, es mayor que el peso de las exportaciones netas, que la formación bruta de capital, y por supuesto, mayor que el cambio tecnológico en nuestras economías.
Esto que pareciera un artificio estadístico, constituye un dato importante del patrón latinoamericano de crecimiento de los últimos tiempos. ¿Qué significa? Que, en la mirada agregada de las cuentas nacionales, el peso de traslaciones laborales que generan más demanda efectiva, es mayor que el peso de las exportaciones netas, que la formación bruta de capital, y por supuesto, mayor que el cambio tecnológico en nuestras economías.
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